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Marco jurídico

El marco jurídico que establece el derecho a la salud y la no discriminación para todas las personas que habitan nuestro país incluye una extensa y compleja trama de instrumentos jurídicos, partiendo desde la Constitución Nacional, los códigos nacionales y provinciales, las leyes nacionales y provinciales, los decretos, y hasta resoluciones ministeriales, entre otras normativas vigentes.

Planteamos el conocimiento de la normativa vigente que incorpora la perspectiva de derechos humanos y no discriminación de las personas como una herramienta valiosa tanto para la promoción e implementación de políticas y acciones que garanticen el efectivo ejercicio del derecho a la salud para todos y todas, como para poder gestionar y reclamar ante su incumplimiento.

Al analizar el marco jurídico para una problemática o situación específica, debemos considerar, además de la multiplicidad de normas, las competencias que la Constitución Nacional establece para los ámbitos nacionales y provinciales de decisión y aplicación de las mismas.

Para orientarnos en este complejo entramado es importante tener en cuenta algunas consideraciones generales:

  • Todos los habitantes de nuestro país pueden invocar los derechos y garantías de las personas que establecen la Constitución Nacional y las leyes nacionales.
  • Los derechos y garantías de las personas establecidos por las leyes nacionales son válidos para todos los habitantes de nuestro país, independientemente de que las jurisdicciones adhieran o no a las mismas.
  • La implementación de políticas, estrategias, acciones, dispositivos referidos a la organización de los servicios de salud son competencia de las jurisdicciones. Dicha implementación se debe adecuar al cumplimiento de los derechos y garantías de las personas establecidas en la Constitución y las leyes, así como los tratados internacionales que obligan al Estado argentino.
  • Las leyes y otras normativas provinciales en muchos casos antecedieron a las leyes nacionales en referencia a algunas problemáticas.
  • En otros casos, las leyes y otras normativas provinciales que se han sancionado en forma posterior a normativas nacionales sobre una determinada temática suelen avanzar en cuestiones programáticas y de implementación de políticas, estrategias y acciones acordes con la realidad local, siendo complementarias y profundizando en elefectivo acceso al ejercicio de los derechos de las personas.
  • La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha destacado la obligación impostergable del Estado Nacional de garantizar el derecho a la salud “con acciones positivas, sin perjuicio de las obligaciones que deban asumir en su cumplimiento las jurisdicciones locales, las obras sociales o las entidades de la llamada medicina prepaga”1.
  • Donde pueda haber contradicciones entre dos o más normas, o en casos de ambigüedad, siempre ha de preferirse la interpretación que concuerde más con los derechos de las personas y/o que resulte menos restrictiva de los derechos fundamentales, con arreglo al principio pro homine.
  • Finalmente, tanto las normativas vigentes (leyes, decretos, resoluciones, ordenanzas) como las políticas deben adecuarse a los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional, incluyendo los establecidos a través de la incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos.

1) Derecho a la Salud en la Constitución Nacional:

La reforma de la Constitución Nacional de 1994 incorporó dos innovaciones con particular relevancia en el campo de la salud. Por un lado, en el capítulo segundo, con la denominación de “Nuevos derechos y garantías”, se incluyen los artículos 41 y 42 y, al mismo tiempo, se establece que gozan de jerarquía constitucional los instrumentos internacionales de derechos humanos consignados en el artículo 75, inciso 22. Asimismo, se establece un mecanismo para que otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos gocen de jerarquía constitucional.

1.1) Artículo 42.- “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios.”

La incorporación de la salud como uno más de los derechos de los/as consumidores/as da cuenta del complejo escenario en que se llevó a cabo la reforma constitucional en 1994. Al mismo tiempo, este artículo legitima la voz de los/as consumidores/as y usuarios/as en las decisiones que los involucran, lo cual renueva la tensión entre procesos potencialmente democratizadores, aunque al mismo tiempo se refiera a la salud en términos de mercancía.

1.2) Artículo 41.- “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo…”

Es importante señalar también que en el mismo capítulo sobre nuevos derechos y garantías se incluye expresamente el derecho a un medio ambiente sano, que enmarcamos dentro de los determinantes de la salud de la personas.

1.3) Artículo 75, inciso 22.- “Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes […]. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención sobre los Derechos del Niño…”.

Los instrumentos internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional reconocen derechos humanos universales, interdependientes e indivisibles, entre los cuales se encuentra el derecho a la salud para todas las personas. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en su Protocolo Adicional a la Convención “Protocolo de San Salvador”) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales hacen hincapié en el derecho a la salud. Por su parte, el órgano de vigilancia del pacto mencionado ha emitido valiosas observaciones generales2, y la Observación General N.º 20 contiene un apartado sobre salud como motivo prohibido de discriminación.

La misma “Observación general” consigna a la discapacidad como motivo prohibido de discriminación en el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales. Resulta pertinente destacar que nuestro país ha ratificado también la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) y su Protocolo Facultativo (2008), la cual establece el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica de todas las personas en el marco del cambio del paradigma de tutelaje por el del reconocimiento de las personas como sujetos de derechos. Dicha CDPD se funda en el modelo social de la discapacidad y en la lucha de las propias personas con discapacidad para autoafirmarse como ciudadanos con igual dignidad y valor que los demás. El modelo social subraya que lo concebido como discapacidad obedece a causas preponderantemente sociales. Asimismo, señala que las discapacidades son producto del encuentro entre personas que experimentan impedimentos o barreras sociales que limitan su capacidad para participar en condiciones de igualdad en la sociedad.

2) Derecho a la salud en leyes y otras normativas nacionales que abordan la regulación de los servicios de salud y la relación entre usuarios/as y dichos servicios de salud:

En esta área, cabe recordar que la reforma del sistema de servicios de salud que comenzó a fines de la década del ochenta y se profundizó en la década del noventa se llevó a cabo principalmente a través de decretos y resoluciones:

  • La política de medicamentos de nuestro país es modificada en su esencia y parcialmente en su comercialización por dos artículos incluidos en el Decreto de Emergencia Económica de 1991, que consideraba a los medicamentos como una mercancía más a ser adquirida en el mercado.
  • La política de reforma del sistema público-estatal de salud, iniciada a fines de los ochenta, con la descentralización de la mayoría de los establecimientos públicos de salud en el marco de las políticas de ajuste, es refrendada por dos decretos (578/1993 y 1939/2000) funcionales al desfinanciamientode estos y a un cambio sustantivo de sus funciones y relaciones con la comunidad y con los/as trabajadores/as.
  • La política de desregulación de la seguridad social se establece en una multiplicidad de decretos, que dan cuenta de las negociaciones que simultáneamente se concretaban en las llamadas políticas de flexibilización laboral.

En los últimos años, el debate se ha instalado en el ámbito parlamentario, dando lugar a leyes que avanzan en la regulación de los servicios de salud desde una perspectiva de derechos y no discriminación, herramientas de indubitable valor ante los desafíos existentes para revertir las inequidades del sistema. Entre ellas, podemos mencionar:

Ley 26.061 (2005) – Ley de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.

Esta ley tiene como principal antecedente la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CIDN), ratificada por nuestro país en 1990 e incorporada en la Reforma Constitucional de 1994, así como otras normas provinciales –la Ley 2302 (1999) de la provincia de Neuquén–, que avanzaron en el reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, consolidando el cambio del paradigma de la tutela por el de los derechos en este campo.

La ley nacional establece, entre otras cuestiones, que los “Las niñas, niños o adolescentes tienen derecho a ser oídos y atendidos cualquiera sea la forma en que se manifiesten, en todos los ámbitos”. Asimismo, precisa que “Los derechos y las garantías de los sujetos de esta ley son de orden público, irrenunciables, interdependientes, indivisibles e intransigibles”. También destaca la importancia de fortalecer el rol de las familias en relación con los derechos de los niños, y la obligación del Estado de garantizarlos. Entre los derechos mencionados explícitamente, se incluyen el derecho a la vida, derecho a la dignidad e integridad personal, derecho a la vida privada e intimidad familiar, derecho a la identidad, derecho a la salud, derecho a la educación, prohibición de discriminar por estado de embarazo, maternidad y paternidad, medidas de protección de la maternidad y paternidad, derecho a la libertad, derecho al deporte y al juego recreativo, derecho a opinar y a ser oído.

En la implementación de esta ley aparecen conceptos relevantes con implicancias en el campo de la salud, tales como el reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, y el derecho a opinar y a ser oído de acuerdo al grado de madurez, lo que se relaciona con el concepto de autonomía progresiva de los niños, niñas y adolescentes en las decisiones que los involucran.

Ley 26.061 (2005) – Ley de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.

Esta ley tiene como principal antecedente la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CIDN), ratificada por nuestro país en 1990 e incorporada en la Reforma Constitucional de 1994, así como otras normas provinciales –la Ley 2302 (1999) de la provincia de Neuquén–, que avanzaron en el reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, consolidando el cambio del paradigma de la tutela por el de los derechos en este campo.

La ley nacional establece, entre otras cuestiones, que los “Las niñas, niños o adolescentes tienen derecho a ser oídos y atendidos cualquiera sea la forma en que se manifiesten, en todos los ámbitos”. Asimismo, precisa que “Los derechos y las garantías de los sujetos de esta ley son de orden público, irrenunciables, interdependientes, indivisibles e intransigibles”. También destaca la importancia de fortalecer el rol de las familias en relación con los derechos de los niños, y la obligación del Estado de garantizarlos. Entre los derechos mencionados explícitamente, se incluyen el derecho a la vida, derecho a la dignidad e integridad personal, derecho a la vida privada e intimidad familiar, derecho a la identidad, derecho a la salud, derecho a la educación, prohibición de discriminar por estado de embarazo, maternidad y paternidad, medidas de protección de la maternidad y paternidad, derecho a la libertad, derecho al deporte y al juego recreativo, derecho a opinar y a ser oído.

En la implementación de esta ley aparecen conceptos relevantes con implicancias en el campo de la salud, tales como el reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, y el derecho a opinar y a ser oído de acuerdo al grado de madurez, lo que se relaciona con el concepto de autonomía progresiva de los niños, niñas y adolescentes en las decisiones que los involucran.

Ley 26.657 (2010) – Ley Nacional de Salud Mental.

Esta ley también se inscribe en el cambio de paradigma de la tutela por el del reconocimiento a todas las personas como sujetos de derecho, incluyendo especialmente a aquellas que atraviesan situaciones de padecimiento mental. Define principios y garantías para todas las personas en relación con la salud mental, a la vez que promueve abordajes basados en la comunidad, interdisciplinarios, intersectoriales, con participación de usuarios/as y familiares en las diversas situaciones relacionadas con el cuidado en salud mental. Cabe señalar que la sanción de esta ley fue el resultado de los aportes, el acompañamiento y la lucha en defensa de los derechos humanos de las personas en situación de padecimiento mental/sufrimiento psíquico por parte de organismos de derechos humanos, referentes académicos nacionales e internacionales, autoridades sanitarias nacionales, provinciales, municipales, asociaciones profesionales, equipos e instituciones de salud; asociaciones de familiares y usuarios/as de atención en salud mental e instituciones nacionales, entre las que mencionamos especialmente a la Secretaría Nacional de Derechos Humanos y al propio INADI, que se sumó más recientemente a esta construcción colectiva.

Ley 26.529 (2009) – Derechos del/la Paciente en su relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud.

Esta ley establece como derechos esenciales del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud: la asistencia sin discriminación alguna por “sus ideas, creencias religiosas, políticas, condición socioeconómica, raza, sexo, orientación sexual o cualquier otra condición”; el trato digno y respetuoso “con respeto a sus convicciones personales y morales, principalmente las relacionadas con sus condiciones socioculturales, de género, de pudor y a su intimidad, cualquiera sea el padecimiento que presente, y se haga extensivo a los familiares o acompañantes”; el derecho a la intimidad y a la confidencialidad, a la interconsulta médica. En particular, destacamos el derecho de los/as pacientes a ser respetados en su derecho a recibir o rechazar determinadas terapias y a recibir o rechazar determinada información vinculada a su salud. Asimismo, avanza en la explicitación de los requisitos y formas del consentimiento informado. También establece que el/la paciente es el/la titular de la historia clínica, siendo las instituciones de salud custodios de esta, con la obligación de suministrar una copia al solo requerimiento del/la paciente.

Ley 26742 (2012) – Protección de la Dignidad de los/as Enfermos/as en Situación Terminal o de Agonía.

Esta ley amplia la Ley 26.529 anteriormente referida, fortaleciendo el derecho de los/as pacientes que padecen enfermedades irreversibles, incurables o que se encuentren en estado terminal o que hayan padecido lesiones que los sitúen en dichas situaciones a ser respetados en sus decisiones sobre aceptación o rechazo de tratamientos e incluso de medidas de soporte vital en determinado contexto. Asimismo, establece el derecho de todos los/as pacientes a “recibir cuidados paliativos integrales en el proceso de atención de su enfermedad o padecimiento”. También introduce el derecho de las personas a “disponer directivas anticipadas sobre su salud” y los requisitos para su formalización.

Ley 26.743 (2012) –Derecho a la Identidad de Género. Régimen.

Esta ley establece el derecho a la identidad de género sobre la base de la despatologización, la desjudicialización, la descriminalización y la desestigmatización de las identidades de género y sus expresiones. La ley otorga el derecho al reconocimiento de la identidad de género, tal como cada persona la siente. Toda persona mayor de edad podrá solicitar gratuitamente la rectificación registral del nombre, sexo e imagen, sin necesidad de trámite judicial o administrativo, ni requisito médico y/o psicológico alguno, o acreditación de tratamientos o intervenciones quirúrgicas. También se garantiza el acceso integral a la salud, incluyendo las intervenciones quirúrgicas totales o parciales y tratamientos integrales hormonales, para adecuar el cuerpo a la identidad de género autopercibida, sin necesidad de una autorización judicial o administrativa, siendo único requisito el consentimiento informado de la persona que lo solicita. Todas las prestaciones de salud quedan incluidas dentro Programa Medico Obligatorio (PMO). También se establece que los/as efectores/as del sistema público de salud, ya sean estatales, privados o del subsistema de obras sociales, deben garantizar en forma permanente los derechos que la ley enuncia. A su vez sostiene que niños, niñas y adolescentes podrán acceder a los derechos reconocidos por la ley, con el consentimiento propio y el aval de sus representantes legales. En caso de negativa o imposibilidad por parte de los representantes legales, se podrá recurrir a la vía sumarísima para que la justicia correspondiente lo resuelva, teniendo en cuenta los principios de capacidad progresiva e interés superior del niño/a. Se garantiza el derecho del niño, niña y adolescente a tener a su propio representante legal, es decir, el/la abogado/a del niño/a.

Ley 26.688 (2011) – “Declárase de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos, materias primas para la producción de medicamentos, vacunas y productos médicos”.

Esta ley tiene como objetivo promover la accesibilidad a los medicamentos, vacunas y productos médicos, y propiciar el desarrollo científico y tecnológico a través de laboratorios de producción pública. Entendemos que estos se encuentran entre los objetivos cuya consecución coadyuvará al logro de la igualdad en el acceso a los medicamentos. A los efectos de la realización de los objetivos de la ley, resulta fundamental su reglamentación.

Ley 26.567 (2009) – “Modificase la Ley N.º 17.565 que regula el ejercicio de la actividad farmacéutica. Derógase los artículos 14 y 15 del Decreto N.º 2284/91”.

Esta ley deroga los artículos del Decreto 14 y 15 del Decreto de Emergencia Económica de 1991, que autorizaba el expendio de medicamentos en otros establecimientos comerciales que no fueran farmacias: supermercados, kioscos, etc. A partir de esta ley, a la que se han adherido casi todas las jurisdicciones de nuestro país, los medicamentos solo pueden ser expendidos en farmacias habilitadas.

Ley 26.682 (2011) – Marco Regulatorio de la Medicina Prepaga.

Esta ley establece por primera vez un marco regulatorio para una actividad en creciente aumento en nuestro país en las últimas décadas, que no contaba con una regulación integral ni particularmente con una autoridad de aplicación responsable de hacerla cumplir. La ley establece la obligatoriedad de brindar todas las prestaciones incluidas en el Programa Medico Obligatorio vigente, sin períodos de espera ni carencias para dichas prestaciones a sus asociados. También establece que ni la edad, ni haber presentado o presentar enfermedades o padecimientos previos, ni cualquier otra situación contemplada como acto discriminatorio por la Ley 23.592 pueden ser motivos de rechazo de admisión de las personas. La reglamentación de dicha ley (Decreto 1993/2011) establece que el Ministerio de Salud a través de la Superintendencia de Servicios de Salud es la Autoridad de Aplicación de esta norma vigente en todo el país.

3) Derecho a la salud en leyes y otras normativas nacionales que abordan problemáticas de salud-enfermedad específicas:

Si bien ya existían leyes para determinados problemas específicos de salud (la enfermedad de Chagas-Mazza, la epilepsia, etc.), comienzan a proponerse en forma creciente desde los mismos colectivos involucrados –usuarios/as y familiares– leyes específicas para otros problemas, como VIH-SIDA, obesidad, enfermedad celíaca, entre otras.

Algo común en estas leyes es que, además de abogar por el derecho a la salud, todas incluyen algún artículo específico que asegure la no discriminación por su padecimiento o su situación particular de saludenfermedad-discapacidad.

Una primera mirada podría hablar de la fragmentación/sectorización de las luchas. Sin embargo, al mismo tiempo, se percibe una creciente confianza de los actores involucrados en que las leyes puedan ser instrumentos para garantizar sus derechos, incluyendo el derecho a la no discriminación.

Ley 23.798 (1990) – Lucha contra el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida.

Esta ley contempla el conjunto de políticas y acciones orientadas a la prevención, diagnóstico y tratamiento en relación con el VIH-sida. Debemos destacar aquellos principios básicos que la Ley 23.789 enumera, de cumplimiento para toda la ciudadanía, como por ejemplo el consentimiento informado, la confidencialidad, la veracidad, el principio de no discriminación y el acceso a la atención de la salud de todas las personas que viven con VIH. Desde esta perspectiva, su sanción introduce en el campo normativo de la salud la importancia de interpretar las normas sin “afectar la dignidad de la persona; ni producir cualquier efecto de marginación, estigmatización, degradación o humillación; ni incursionar en el ámbito de privacidad de cualquier habitante de la Nación Argentina”, entre otras cuestiones. Esta ley fue reglamentada, modificada y ampliada por decretos, resoluciones y otras normas. Entre ellas, la Ley 24.455 que estableció la obligatoriedad para las obras sociales de ofrecer tratamientos médicos, psicológicos y farmacológicos a las personas con VIH, y la Ley 24.754 que incorporó la atención por parte de las empresas medicinas prepagas, hoy incluidas en la Ley 26.682. Dentro de ellas, destacamos la Ley 25.543, que establece la obligatoriedad para los servicios de salud del ofrecimiento del test diagnóstico del virus de inmunodeficiencia humana a toda mujer embarazada. Nos parece significativo señalar que la implementación de esta norma ha tenido un importante nivel de aceptación por parte de las mujeres que cursan su embarazo, y que respeta el derecho al consentimiento informado de las personas, ubicando la obligatoriedad en los servicios e instituciones de salud.

Ley 26.396 (2008) – “Declarase de interés nacional la prevención y control de trastornos alimentarios”.

Esta ley establece la creación de un Programa Nacional para la Prevención y Control de los trastornos alimentarios en el ámbito del Ministerio de Salud Nacional, que debe incluir campañas informativas, promover investigaciones y brindar atención integral a las personas que presentan problemáticas relacionadas con la alimentación.

Ley 26.588 (2009) – “Declarase de Interés Nacional la atención médica, la investigación clínica y epidemiológica, la capacitación profesional en la detección temprana, diagnóstico y tratamiento de la Enfermedad Celíaca”.

Cabe señalar que esta norma establece el derecho a la detección, diagnóstico y atención médica de las personas con enfermedad celíaca, a la vez que promueve la investigación clínica y epidemiológica y la capacitación profesional en dicha problemática. Al mismo tiempo, establece pautas para la identificación, comercialización y acceso a la información sobre alimentos aptos para personas con celiaquía, lo cual requiere un acuerdo entre organismos nacionales como el Instituto Nacional de Alimentos (INAL, ANMAT) con las respectivas autoridades jurisdiccionales.

Ley 26.689 (2011) – “Promuévase el cuidado integral de la salud de las personas con Enfermedades Poco Frecuentes”.

A los efectos de esta ley, se consideran Enfermedades Poco Frecuentes (EPF) aquellas cuya prevalencia en la población es igual o inferior a una en dos mil (1 en 2000) personas, de acuerdo con la situación epidemiológica nacional. Esta normativa promueve el cuidado integral de la salud de las personas con EPF y la mejoría en la calidad de vida de ellas y sus familias. En este marco, promueve acciones de investigación socio-sanitaria, capacitación de profesionales, desarrollo de centros y servicios regionales de referencia. Asimismo, propicia la participación de las asociaciones de personas con EPF y sus familiares en la formulación de políticas, estrategias y acciones que los involucran. Para llevar a cabo dichos objetivos, también prevé las articulaciones necesarias entre las áreas de salud, educación,ciencia e investigación a nivel nacional y jurisdiccional.

4) Derecho a la salud en el documento “Hacia un Plan Nacional contra la Discriminación” (PNCD), aprobado mediante Decreto del P.E.N.1086/2005:

Un capítulo especial requiere la consideración del Decreto 1086/2005 firmado por el entonces presidente Néstor Kirchner, que aprueba el documento titulado “Hacia un Plan Nacional contra la Discriminación”.

El PNCD establece un diagnóstico que da cuenta de la complejidad del escenario y de la multiplicidad de los actores involucrados; y a pesar de no haberse registrado cambios significativos en lo que respecta a los modelos de atención y a los sistemas de salud, la implementación de programas nacionales y de políticas y acciones ha ampliado el acceso a la salud y ha disminuido la inequidad entre jurisdicciones. Asimismo, tampoco se ha podido avanzar en una de las primeras recomendaciones para el ámbito de la salud, como es la que propone “Implementar un Sistema Nacional de Salud de cobertura universal bajo la lógica de la salud como derecho, garantizando la atención integral y gratuita a todo habitante y/o residente en nuestro país, sin ningún tipo de discriminación” (Recomendación 219).

A pesar de las dificultades y de las tareas aun pendientes, la situación de salud de la población ha mejorado en estos años, lo cual probablemente sea consecuencia de la mejora en las condiciones materiales de vida de las personas, junto con la sanción de normativas y la implementación de políticas y acciones orientadas a la disminución de la inequidad y a la construcción colectiva de una sociedad más justa y solidaria para todos y todas.

Derecho a la Salud: en el camino de la Igualdad:

Incluimos como parte del marco jurídico con implicancias significativas en el campo de la salud, un conjunto de leyes y decretos que constituyen en el discurso y en la práctica efectivos pasos en el camino de una sociedad igualitaria, y que tienen incidencia directa no solamente en las condiciones materiales de vida y de salud de las personas, sino también en la construcción de una subjetividad colectiva, significativamente más inclusiva y menos discriminatoria.

Entre otros: Decreto 1602/2009, Asignación Universal por Hijo para Protección Social; Ley 25.779, Nulidad de las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida; Ley N.º 26.522, Servicios de Comunicación Audiovisual; Ley N.º 25.871, Ley de Migraciones.; Ley N.º 26.485, “Nueva ley nacional de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”; Ley N.° 26.364, Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas; Ley N.° 26.150, Programa Nacional de Educación Sexual Integral.; Ley N.° 26.171, Ratificación de Protocolo Facultativo del Convenio sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW); Ley N.º 26.417, Movilidad de las Prestaciones del Régimen Previsional Público; Ley N.° 26.657, Derecho a la Protección de la Salud Mental; Ley N.° 26.199, por la cual se declara el día 24 de abril de todos los años como Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos; Ley N.° 26.618 de Matrimonio Igualitario: “Los mismos derechos, con los mismos nombres”; Ley N° 26.061. Protección Integral de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes.; Ley N.° 26.206 de Educación Nacional; Ley N.° 26.378, Ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo; Ley N.° 26.162, Reconocimiento de Competencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD); Ley N.º 26.571, Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral; Decreto 459/2010, Programa Conectar Igualdad; Decreto 1584/10, que incluye entre los feriados nacionales el 12 de octubre como Día del Respeto a la Diversidad Cultural; Ley N.° 26.160 de Emergencia en materia de Posesión y Propiedad de las Tierras (Comunidades Indígenas).

Para más información se puede consultar la publicación del INADI En el camino de la igualdad (INADI, 2011), disponible en el sitio web del Instituto.

Notas

1 En este sentido, se sugiere la consulta de los siguientes pronunciamientos: “Campodónico de Beviacqua, Ana Carina c/ Ministerio de Salud y Acción Social – Secretaría de Programas de Salud y Banco de Drogas Neoplásicas s/ recurso de hecho”; CSJN, 24/10/2000; “Asociación Benghalensis y otros c/ Ministerio de Salud y Acción Social – Estado Nacional s/ amparo ley 16.986”, CSJN, 01/06/2000.

2 Especial mención merece la Observación General N.º 5 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Personas con discapacidad”, documento E/1995/22, 11.º período de sesiones, Naciones Unidas, 1994.

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