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Marco Jurídico

El derecho a la educación se encuentra consagrado en distintos instrumentos internacionales de derechos humanos de jerarquía constitucional (Art. 75 inc. 22 CN), entre los que corresponde destacar la Declaración Universal de Derechos Humanos (Art. 26)1, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Art. 13)2, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (Art. 23 y 29)3 y la Convención Americana de Derechos Humanos (Art. 26)4.

Las bases de la educación en derechos humanos están expuestas con claridad en el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o Protocolo de San Salvador (1988) en cuanto establece en su Artículo 13 que “(…) la educación deberá orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad y deberá fortalecer el respeto por los derechos humanos, el pluralismo ideológico, las libertades fundamentales, la justicia y la paz (…) la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad democrática y pluralista, lograr una subsistencia digna, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos raciales, étnicos o religiosos y promover las actividades a favor del mantenimiento de la paz.”

Además, el Estado argentino se ha comprometido a garantizar un sistema educativo inclusivo, con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, permitiendo el pleno desarrollo del potencial humano.8

La Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza (1960) establece que se buscará asegurar el respeto universal de los derechos humanos y la igualdad de posibilidades de educación, proscribiendo no sólo todas las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, sino también procurando la igualdad de posibilidades y de trato para todas las personas.

La Ley de Educación Nacional –Ley Nº 26.206- establece entre los fines y objetivos de la política educativa nacional: “Asegurar condiciones de igualdad, respetando las diferencias entre las personas sin admitir discriminación (…) de ningún otro tipo” y “Promover en todos los niveles educativos y modalidades la comprensión del concepto de eliminación de todas las formas de discriminación.”

Por otro lado, el documento titulado “Hacia un plan nacional contra la discriminación: la discriminación en Argentina” aprobado por el Decreto 1086/05, encomienda al INADI en su Propuesta N° 162 “Promover un debate entre el personal docente y directivo de los establecimientos educativos sobre la función de las acciones educativas antidiscriminatorias y de difusión de derechos” y en la N° 164 “Garantizar la educación sexual en las escuelas, a fin de que niños, niñas y adolescentes puedan adoptar decisiones libres de discriminación, coacciones o violencia, gozar de un nivel adecuado de salud sexual, asegurar la procreación responsable y prevenir el embarazo adolescente.” (INADI, 2005: 346-347).

Notas

1 – Art. 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “1.Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria (…) 2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos (…)”.

2 – Art. 13 del Pacto Internacional de Derechos económicos, sociales y culturales “1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación. Convienen
en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales (…)”.

3 – Art. 23 de la Convención sobre los Derechos del Niño : “1. Los Estados Partes reconocen que el niño mental o físicamente impedido deberá disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad, le permitan llegar a bastarse a sí mismo y faciliten la participación activa del niño en la comunidad (…)”. Asimismo el Art. 29 establece que: “1. Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a: a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades; b) Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas; c) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y sus valores, de los valores nacionales del país en que vive, del país de que sea originario y de las civilizaciones distintas de la suya (…)”. Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y sus valores, de los valores nacionales del país en que vive, del país de que sea originario y de las civilizaciones distintas de la suya (…)”.

4 – Art. 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos : “Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura (…)”.

5 – Art. 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada en el año 2008, por la Ley Nacional Nº 26.378, establece que “Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación. Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, los Estados Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida (…)”.

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