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Desde el paradigma de la integración hacia el paradigma de la inclusión

La idea que abriga el cambio hacia una “escuela inclusiva” en reemplazo de la “escuela integradora” es interesante:

(…) no basta con pensar en una escuela que ‘integre’ y ‘normalice’ a los niños (…), con la visión subyacente de que ‘todos somos iguales’ (…) 8 – Art. 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada en el año 2008, por la Ley Nacional Nº 26.378, establece que “Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación. Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, los Estados Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida (…)”.

Eso podría suponer que el sistema se propone muy pocos cambios, o ninguno, en cuanto a las propias prácticas educativas, sus valores, la forma de enseñanza, forma de evaluación, forma de distribución de saberes. Bastaría con ‘asimilar’ a los diferentes, sin afectar demasiado la dinámica institucional. Por el contrario, la idea de inclusión supone desde un principio que “todos somos diferentes” y plantea a la escuela el desafío de poner en marcha objetivos, contenidos, sistemas de enseñanza y de evaluación, asumiendo esa diversidad y procurando incluir a todos en el proyecto educativo de la comunidad (Valdez, 2010).

La escuela inclusiva pone el énfasis en el contexto escolar para identificar y remover los obstáculos al aprendizaje y la participación, y hallar la mejor manera de eliminarlos en miras a garantizar el derecho a aprender en condiciones de igualdad. Las diferencias y las singularidades de cada estudiante son consideradas como un valor frente a la homogenización que caracterizaba al dispositivo escolar centrado en el paradigma de la integración.

No debe perderse de vista que el hecho de que los/as niños/as sean integrados/as en las escuelas sin ser incluidos/as en los trabajos escolares contribuye a la formación de prejuicios, estigmatizaciones e incluso a la discriminación.

Tomando como punto de partida que todos somos irreductiblemente diferentes, la educación debe tender a enseñar el igual valor de todas las diferencias personales.

La ex Relatora de Educación, Katarina Tomasevski, realizó un análisis respecto al proceso de superación de las exclusiones en el marco de la educación. Describe que el mismo ha atravesado tres etapas: 1) La primera etapa se caracterizó por un reconocimiento del derecho a la educación, a aquellos/as a quienes históricamente les había sido negado (por ejemplo a las niñas, a los/as niños/as con discapacidad, a los pueblos indígenas) pero confinándolos/as a escuelas especiales, por lo que entrañó la segregación de estos sectores; 2) luego se avanzó hacia la integración de dichos grupos, quienes debían adaptarse a la escolarización disponible, independientemente de su capacidad y/o de su lengua, es decir, que los planes de estudios no fueron adaptados para recibir a los/as nuevos/as destinatarios/as. Esta segunda etapa se corresponde con el paradigma de la integración, en el que la diferencia es concebida como una desviación de la “normalidad” que se tolera,comprende y acepta. En aquellos casos en que los/as alumnos/as encuentran dificultades en su trayectoria escolar, la problemática es abordada como un conflicto de carácter individual-educativo; 3) la tercera etapa busca impulsar el paradigma de la inclusión, sustituyendo el requisito previo de que los/as recién llegados/as se adecuen a la escolarización disponible, por la adaptación de la enseñanza al derecho igualitario de todos/as a la educación y a los derechos paritarios en ese ámbito. Por lo tanto, se toma en consideración la currícula y el entorno educativo, social y cultural como factores de exclusión, ante su falta de adecuación (Tomasevski, 2003).

Cada persona tiene características, intereses y capacidades únicas y también necesidades de aprendizaje propias. Por lo tanto, para garantizar una educación inclusiva los programas de estudio deben guardar una relación directa con el marco social, cultural, ambiental y económico del niño/a; con sus necesidades presentes y futuras; tomar plenamente en cuenta sus aptitudes y potencialidades; y desarrollar métodos pedagógicos capaces de adaptarse a las distintas necesidades de los/as estudiantes.

Señala Valdez,

(…) la indiferencia hacia las diferencias, como ha mostrado Bourdieu, transforma las desigualdades iniciales ante la cultura en desigualdades de aprendizaje y, más tarde, de éxito escolar. Efectivamente, basta con ignorar las diferencias para que la misma enseñanza: a) Propicie el éxito de aquellos que disponen del capital cultural y lingüístico; de los códigos; del nivel de desarrollo; de las actitudes; de los intereses; y de los apoyos que permiten aprovechar al máximo las clases y estar a la altura a la hora del examen. b) provoque, a la inversa, el fracaso de aquellos que no disponen de estos recursos, y que en tales condiciones aprenden en esencia que son incapaces de aprender, convenciéndose además que éste es el signo de su incapacidad más que el de la inadecuación de la escuela (Valdez, 2010).

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) define la inclusión como una estrategia dinámica para responder en forma proactiva a la diversidad de los/las estudiantes y concebir las diferencias individuales no como problema sino como oportunidades para enriquecer el aprendizaje. Las diferencias en educación son lo común y no la excepción, y la inclusión consiste precisamente en transformar los sistemas educativos y otros entornos de aprendizaje para responder a las diferentes necesidades de los/las estudiantes (Ministerio de Educación, 2009:18).

En consonancia con lo antedicho, es menester destacar que garantizar la educación inclusiva de todos/as los niños y niñas no sólo permitiría el ejercicio del derecho a la educación sin discriminación, sobre la base de la igualdad de oportunidades -en el sentido de que los equipare como seres autónomos capaces de formular sus planes de vida-; sino que también sería un modo de viabilizar la inclusión efectiva de todos y todas en la sociedad, por medio de canales de participación que reduzcan las desigualdades.

Ante ello, encontramos oportuno destacar que no basta con garantizar que la línea de partida sea igual para todos/as (por ejemplo, a través de la educación obligatoria y gratuita), sino que también debe repararse en las condiciones en que se llega a dicha línea y al modo en que las circunstancias de vida afectan nuestro rendimiento (Grosman, 2008).

Desde el año 2003 el Estado Nacional, a través de sus distintos organismos, viene trabajando en miras de igualar el impacto de la estructura social sobre las posibilidades de cada uno/a, acompañando el cambio hacia el paradigma de educación inclusiva mediante distintas políticas que intentaremos desarrollar brevemente a continuación.

Así lo ha expresado el ex presidente de la Nación, Néstor Kirchner, en el discurso realizado durante el inicio de las sesiones legislativas el 1 de marzo de 2005: “Una educación de calidad para todos nuestros niños y jóvenes es la principal estrategia que puede propiciar una Nación para generar una verdadera igualdad de oportunidades, de modo que sea la capacidad de cada uno de ellos y no su origen el factor que determine el horizonte al que puedan acceder.”

En primer lugar, el Gobierno Nacional ha introducido cambios sustanciales en el marco normativo del sistema educativo con el objetivo de reconstruir el desmantelamiento que sufrió este sector en el transcurso de la década del 90. En esta línea, se derogó la antigua Ley de Educación N° 24.195 y se promulgó la Ley Nacional de Educación Nº 26.206 que expresamente contempla que “Las políticas de promoción de la igualdad educativa deberán asegurar las condiciones necesarias para la inclusión, el reconocimiento, la integración y el logro educativo de todos/as los/as niños/as, jóvenes y adultos en todos los niveles y modalidades, principalmente los obligatorios (…)” (Art. 80). Cabe destacar como punto fundamental de la nueva ley la obligatoriedad establecida para la educación secundaria cuya finalidad es la de dotar de mayores herramientas a los/as educandos/as para facilitar su ingreso en el mundo del trabajo.

Asimismo, se sancionó la Ley de Financiamiento Educativo N° 26.075 que estableció una suba progresiva del presupuesto que se destina a educación, siendo hoy del 6,47% del PBI. En el mismo orden, se encuentran la Ley N° 25.864, que fija un período mínimo del ciclo lectivo de 180 días de clase y además garantiza que aquellas provincias que no puedan liquidar los salarios docentes serán asistidas por el Gobierno Nacional y la Ley de Educación Técnico-Profesional N° 26.058 mediante la cual se recupera la importancia de formación técnico profesional en el desarrollo de un país autónomo.

En segundo lugar, subrayamos la creación del Programa Nacional de Educación Sexual Integral a partir de la sanción de la Ley N° 26.150 en el año 2006 y que tiene entre sus principales objetivos incorporar la educación sexual integral dentro de las propuestas educativas orientadas a la formación de las personas; promover actitudes responsables ante la sexualidad; prevenir los problemas relacionados con la salud en general y la salud sexual y reproductiva en particular; y procurar igualdad de trato y oportunidades para todos y todas.

En tercer lugar, destacamos la implementación de programas que el Gobierno Nacional ha impulsado desde el año 2003 que impactan directamente en el acceso y calidad del derecho a la educación de todos y todas sin distinción del nivel socioeconómico.

La Asignación Universal por Hijo (en adelante AUH), ejecutada a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), consiste en el pago de una suma de dinero para niños/as menores de 18 años y para personas con discapacidad sin límites de edad, que sean argentinos/as nativos/as o naturalizados/as o con residencia legal en el país mínima de 3 años, que no perciban otra asignación familiar y que pertenezcan a hogares cuyos padres, madres, tutores/as y/o representantes legales se encuentren desocupados/as, trabajen en el mercado informal o que ganen menos del salario mínimo, vital y móvil. En esta línea, quienes perciben dicha asignación deben presentar la documentación respaldatoria de que los/as niños/as y adolescentes asisten a la escuela, se realizan controles periódicos de salud y cumplen con el calendario de vacunación obligatorio. Observamos que este programa trasciende la cuestión asistencial para constituirse en una política de inclusión social que reconoce a los/as educandos como sujetos plenos de derechos.

El Ministerio de Educación Nacional realizó en el 2011 junto con las universidades nacionales de General Sarmiento, La Plata, Misiones, Moreno, Patagonia Austral y Villa María una investigación cualitativa con el objetivo de analizar y evaluar el impacto en materia educativa de la Asignación Universal por Hijo.1 El estudio revela que existe una opinión generalizada entre los actores de la comunidad educativa acerca de cambios producidos por la AUH y que resume en los siguientes tres puntos:

(…) a) Mayor nivel de presentismo, matrícula, retención, asistencia, b) En la evidente mejora de las condiciones de vida y la resolución de algunas necesidades en el ámbito del hogar y c) Acceso o recuperación de la posibilidad de la recreación y consumos culturales (ir al cine, a los festejos del bicentenario o espectáculos gratuitos). (Ministerio de Educación Nacional: 2011: 19).

El Programa Conectar Igualdad (en adelante PCI), que es implementado a través del Ministerio de Educación Nacional, la ANSES, el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y la Jefatura de Gabinete de Ministros, consiste en la entrega de una computadora netbook para los/as alumnos/as y docentes de escuelas públicas secundarias, institutos de formación docente y establecimientos de educación especial de todo el país. Este programa marca una diferencia cualitativa en términos de acceso igualitario del derecho a la educación secundaria, conocimiento y uso de tecnologías, reduciendo las brechas digitales y garantizando el acceso a la información.

A los fines del presente trabajo destacamos las siguientes conclusiones extraídas de la investigación acerca del análisis del impacto del PCI, llevada a cabo por el Ministerio de Educación Nacional en coordinación con once universidades nacionales, que describen los efectos del programa en materia de mejoramiento de la calidad educativa de la escuela pública y el componente de igualdad de oportunidades en el acceso a las tecnologías de información y comunicación (en adelante TICs):

(…) Para muchos docentes Conectar Igualdad viene a saldar una deuda histórica del Estado con la educación. Así, la mayoría de los docentes y directivos entrevistados coinciden en que el Programa jerarquiza la escuela pública, exponiéndola a la revisión de sus prácticas y modelos de enseñanza (…) El acceso a la tecnología es sin duda el cambio más contundente que se registra en las escuelas (…) La llegada del Programa genera una transformación importante que en el corto plazo produce como efecto el incremento de la intensidad y la frecuencia de uso de las TIC, así como su extensión a todo el espacio escolar (…) Los distintos actores entrevistados identifican el acceso a la tecnología con el acceso a la información, y en ese marco se interpreta al PCI como un fuerte igualador de oportunidades y destacan su relevancia social (…)(Ministerio de Educación Nacional: 2011: 36-39).

En cuarto lugar, desde el año 2003 el Gobierno Nacional se ha propuesto como meta la construcción de escuelas y el mejoramiento de la infraestructura escolar a fin de asegurar el efectivo acceso al derecho a la educación de todos y todas, y asi mejorar las condiciones en el ejercicio del mismo. En nueve años se han construido 1.181 escuelas a lo largo del territorio nacional, encontrándose en la actualidad 328 establecimientos en construcción y 316 en trámite de licitación (Ministerio de Educación Nacional, 2011: 31). Con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades de todos los niños y niñas el Estado Nacional ha desarrollado una serie de iniciativas que tienen como denominador común la dotación de recursos que mejoren la calidad educativa, a saber: provisión de equipamiento multimedia, instalación de tv digital, entrega de libros, juegotecas y útiles y recursos destinados a la adquisición de bicicletas o reducción de boletos escolares
a fin de facilitar la movilidad de aquellos/as estudiantes que se encuentran a grandes distancias de su escuela.

El Ministro de Educación Nacional, el Profesor Alberto Sileoni, señala que: “Luego de haber atravesado los oscuros años de la década del 90, la educación volvió a presentarse como un instrumento para la construcción de la identidad nacional y la inclusión social. El Estado asumió nuevamente su deber y su función de ser el principal promotor y garante de igualdad y calidad educativa”. (Ministerio de Educación Nacional, 2011: 13).

La educación inclusiva contribuye a garantizar el derecho a la igual dad de todos y todas, en tanto permite desarticular las situaciones de exclusión social o de discriminación de determinados grupos que en forma sistemática y debido a complejas prácticas sociales son integrados/as en las aulas sin ser incluidos/as en el trabajo escolar. Muchas veces la existencia de esta falta de adaptación tiene graves consecuencias en la práctica, ya que obstaculiza la vigencia sociológica de la igualdad estructural de oportunidades.

Notas

1 – El estudio se llevó a cabo entre enero y agosto de 2011 y consistió en la realización de 1200 entrevistas en profundidad a distintos actores relacionados con la comunidad educativa (funcionarios/as, directores/as, docentes, estudiantes, beneficiarios/as, etc.) de ocho provincias (Córdoba, San Juan, Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, Buenos Aires, Santa Cruz).

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