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Derecho a la educación de las personas con discapacidad

En este contexto, consideramos oportuno reparar en el abordaje de la modalidad de educación especial, ya que resulta un terreno en el que se observa con claridad la falta de adecuación del contexto educativo a las necesidades de los/as niños/as y adolescentes.

Resulta pertinente cuestionarnos si el abordaje adoptado por la escuela y cada uno/a de sus agentes contribuye a que los/as niños/as con discapacidad sean vistos como otro negativo.

(…) Reconociendo que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás (Preámbulo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, inciso e).

Es menester señalar que muchas veces las personas con discapacidad encuentran barreras en la actitud que el entorno social tiene respecto de la discapacidad. No resulta un detalle menor que a lo largo de la historia, de los distintos modelos de abordaje, “el de mayor influencia fue el Modelo Médico, que ha abordado el tema localizando la causa básica de la discapacidad al interior de la persona sin tener en cuenta otros factores causales representados en los procesos sociales o en elementos externos a la persona” (Musiera, 2008: 115).

Destaca Haydeé Musiera1 que ha habido diversos abordajes educativos respecto de las personas con discapacidad. Señala que primero se procedió a la institucionalización, luego al modelo médico-educativo o modelo clínico, que considera a la discapacidad como enfermedad y a las personas como portadoras de un defecto que es preciso corregir (educación correctiva). Pone de resalto que a partir de estos enfoques se crearon ámbitos educativos aislados, que aún hoy siguen vigentes, y tienden a la segregación de las personas con discapacidad. En este sentido afirma:

Así nace la educación especial que significó por un lado el reconocimiento de la posibilidad de la educabilidad de las personas con discapacidad, la necesidad de utilizar procedimientos especiales para mejorar los aprendizajes, la necesidad de valerse de materiales específicos, novedades todas que significaron una mejora por su especificidad y especialización; pero por otro lado significó la segregación y marginación de los alumnos respecto a las pautas sociales y culturales generales (Musiera, 2008:115).

La introducción del concepto de “necesidad educativa especial” implicó una ruptura de las concepciones centradas en el déficit de los/as alumnos/as, generándose una “reconceptualización del sujeto de la educación especial, así como la necesidad de pensar la educación como intervención multidisciplinar a partir de las diferencias” (Musiera, 2008: 117).

Luego surgió el concepto de integración de las personas con discapacidad en el ambiente menos restrictivo posible. En este marco, los/as niños/as debían adaptarse a la escolarización disponible, independientemente de su capacidad, es decir, que los planes de estudios no fueron adecuados para recibir a los nuevos/as destinatarios/as. Con posterioridad se avanzó hacia la propuesta de educación inclusiva, que como ya hemos visto se centra en el reconocimiento de la diversidad social y cultural y en la valoración de las diferencias.

En consonancia con este último modelo encontramos la Declaración de Salamanca de Principios, Política y Práctica para las Necesidades Educativas Especiales, UNESCO (1994), en cuanto establece que “las personas con necesidades educativas especiales deben tener acceso a las escuelas ordinarias, que deberán integrarlos en una pedagogía centrada en el niño, capaz de satisfacer esas necesidades” como así también que “las escuelas ordinarias con esta orientación integradora representan el medio más eficaz para combatir las actitudes discriminatorias, crear comunidades de acogida, construir una sociedad integradora y lograr la educación para todos” (UNESCO, 1994: 8).

Asimismo, la Ley Nacional de Educación ha receptado los principios establecidos en la normativa internacional y expresamente dispone que “La educación especial se rige por el principio de inclusión educativa” y que “brinda atención educativa en todas aquellas problemáticas específicas que no puedan ser abordadas por la educación común. El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, garantizará la integración de los/as alumnos/as con discapacidades en todos los niveles y modalidades según las posibilidades de cada persona” (Art. 42 de la ley 26.206) (el destacado pertenece a esta publicación).

Si bien ha habido grandes avances sobre la forma de entender la temática de la discapacidad, aún persisten situaciones muy desfavorables que resultan un obstáculo para garantizar la plena participación de todos/as los/as niños/as en condiciones de igualdad, ya que continúan presentes barreras físicas, culturales y actitudinales que impiden la efectiva inclusión de los/as niños/as con discapacidad en las escuelas “comunes”. Hay un gran abanico de casos en que se envía a un/a niño/a a un colegio para alumnos/as con necesidades educativas especiales, no por ser el abordaje más conveniente para ellos/as, sino por falta de recursos; o porque no hay suficientes profesionales capacitados/as para abordar la demanda de maestros/as integradores/as.

A ello se le suma la falta de adaptación de la enseñanza. Si bien se ha incrementado el número de casos en los que se integra a los/as niños/as con discapacidad en el ámbito de la educación “común”, no por ello se los/las incluye. Suelen concurrir al aula sin la debida modificación de los programas escolares, y sin que se incorporen las herramientas adecuadas para la construcción de puentes que permitan la inclusión de todos/ as. Consecuentemente, advertimos una gran brecha entre los valores proclamados y la práctica, lo cual pone de resalto la necesidad de revisar el funcionamiento de la cultura escolar y las necesidades que la comunidad y los/as alumnos/as plantean.

La inclusión de los/as alumnos/as con discapacidad en el ámbito educativo convencional continúa siendo producto del reclamo de padres, madres y tutores, quienes deben atravesar un sinfín de gestiones en el ámbito administrativo e incluso llegar a interponer acciones de amparo para que sus hijos/ as sean incorporados/as en las escuelas “comunes”. Ello se debe, en parte, a que aún prevalece la concepción de que es una población que debería ser atendida en el ámbito de la educación especial 2 y también a la escasez de políticas públicas tendientes a morigerar el impacto de la estructura social sobre la igualdad de oportunidades.

Subrayamos que el hecho de que los individuos no compartan un espacio en común promueve a la construcción de un “otro” basada en prejuicios y estigmatizaciones. En cambio, la educación inclusiva permitiría transitar por experiencias comunes que lleven a una construcción identitaria a partir de la cual los sujetos se autocomprenden perteneciendo a un “nosotros”.

Por ello, los/las niños/as con discapacidad deberían participar de la educación “común” y/o se debería propender a que su estadía en “escuelas especiales” sea lo más breve posible como un complemento de la escuela común. Asimismo, se debería garantizar la modalidad de educación especial a través del apoyo de maestros/as integradores/as por el tiempo y las etapas que cada caso exija, como así también debería pensarse en la posibilidad de construir aulas específicas para aquellos/as niños/as que por sus dificultades en el aprendizaje no pueden compartir el aula pero sí otros espacios comunes, como el recreo, actividades recreativas, etc.

(…) La educación inclusiva requiere de un marco institucional que conjugue la educación en general y la Educación Especial para ser parte de un sistema único. Las políticas educativas inclusivas exigen intervenciones coordinadas desde el Sistema Educativo y políticas públicas concurrentes. La inclusión no significa una ruptura de los fines que persiguen los procesos de integración; implica una reorganización de todo el Sistema Educativo, para posibilitar el acceso, la permanencia y los logros de todos los alumnos (Ministerio de Educación Nacional, 2009:20).

Esta modificación es impulsada por el Estado Nacional, en tanto promueve la educación especial como una modalidad transversal a todo el sistema educativo, destinada a desarrollar trayectorias educativas integrales de alumnos/as con discapacidad en todo el Sistema Educativo.

Pese a que se ha comenzado a delinear el camino en pos de garantizar una educación inclusiva, identificamos que aun persisten ciertas barreras para el aprendizaje como consecuencia del contexto, que tienden a impedir la participación de todos los niños, niñas y adolescentes en igualdad de condiciones con las demás.

La ex Directora de Educación Especial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destaca que en los últimos años ha crecido el ingreso a las escuelas de educación especial de niña/os y jóvenes con problemáticas de vulnerabilidad social, económica, familiar que impactan en su subjetividad y que han sido orientados/as a instituciones dependientes de la Dirección de Educación Especial (Casal, 2009).

En este contexto es dable señalar que desde el INADI observamos con preocupación el incremento de matriculados/as en la modalidad de educación especial en los últimos 6 años. Esto se refleja en el gráfico que sigue:

Matrículas de Educación Especial. Período 2004-2010

Fuente: Elaboración propia sobre la base del Anuario Estadístico Educativo 2010 de la Red Federal de Información Educativa, Diniece, Ministerio de Educación de la Nación, 2010.

En virtud de lo antedicho, desde el INADI nos proponemos acompañar las políticas públicas impulsadas desde el Estado, en clave de Derechos Humanos, en miras a fortalecer el paradigma de la inclusión, en tanto el mismo aspira a igualar el impacto de la estructura social sobre las oportunidades de las personas. En estos términos la Ley N° 26.206, sancionada en el año 2006 ha definido entre los fines y objetivos de la política educativa nacional “garantizar la inclusión educativa a través de políticas universales y de estrategias pedagógicas y de asignación de recursos que otorguen prioridad a los sectores más desfavorecidos de la sociedad” (Art. 11 inc. e).

Notas

1 – Licenciada en Ciencias de la Educación. Especialista en educación especial y ex directora del área de Educación Especial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

2 – Se conserva una perspectiva que concibe la educación especial como un compartimento estanco y separado, mientras debería abordarse como una modalidad transversal a todo el sistema que, a través de propuestas educativas y recursos de apoyo especializados y complementarios, busque mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje para las personas con discapacidad.

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