Fundamentación del Área de Políticas Educativas y Formación

Las políticas antidiscriminatorias son un fruto relativamente tardío de la democracia pero hoy son una precondición para su supervivencia y consolidación. Estas parten del supuesto de que la igualdad de oportunidades no sólo es un  punto de partida sino también de llegada. Para  lograr estas metas se requieren  acciones concretas.

El objetivo al que tienden las políticas públicas antidiscriminatorias es al cambio – mediante medidas activas denominadas de acción positiva – en las formas jerárquicas de relación entre las personas. De allí la necesidad de que todas las políticas públicas integren la perspectiva antidiscriminatoria.

La creación del INADI ocurre en un contexto particular de la vida política de nuestro país. A partir de los atentados a  la embajada de  Israel y a la AMIA, se sancionan la ley antidiscriminatoria y la ley de creación del Instituto, que recién empezará a funcionar efectivamente en 1999. De esta manera, se intenta implementar como una política de estado, la necesidad de valorizar la diversidad, entendiendo a ésta no como una amenaza a nuestra identidad, sino como un mecanismo enriquecedor de la vida democrática y plural.

En 2001, en la Conferencia Mundial sobre Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y demás las formas conexas de Intolerancia, de Durban, la Argentina se compromete a elaborar un diagnóstico de la situación de las prácticas discriminatorias en nuestro país y un conjunto de propuestas para erradicarlas, siendo ese, el gérmen del Plan Nacional contra la Discriminación que se convertiría en el horizonte del Instituto.

Desde el espíritu mismo de creación, el INADI se pensó  como mucho más que un mero centro receptor de denuncias, apuntando a convertirse en el organismo del Estado que incidiera en las políticas públicas, promoviendo cambios culturales, valorando la diversidad y convirtiendo a la política antidiscriminatoria en una política de Estado. Así, la capacitación resulta un pilar de acción fundamental.

Por esta razón, la sensibilización y la capacitación en derechos ocupa un espacio primordial para nuestro instituto y contribuye a la tarea que asumimos de trabajar en la erradicación de prácticas discriminatorias y contribuir a la igualdad real, entendiendo a la igualdad, no solo como punto de partida, sino como punto de llegada.  En esta dirección, las diferentes acciones promovidas por el área, tienen el objetivo complementario de abrir nuevos espacios de participación a la sociedad civil –en más amplio sentido, – OSC, sistema educativo, centros de producción de conocimiento, sindicatos, organizaciones populares y otros-que colaboren en la construcción colectiva de la sociedad que todas y todos anhelamos.

La sensibilización y la capacitación en derechos, tanto en ámbitos formales como no formales, es la estrategia más importante de esta coordinación, a los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Nº 24.515 de Creación del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, especialmente en el art. 4to. Inc. C donde se consagra el “Diseñar e impulsar campañas educativas tendientes a la valorización del pluralismo social y cultural, y a la eliminación de actitudes discriminatorias, xenofóbicas o racistas; participando en la ejecución de esas campañas”.

El pilar de trabajo de esta Coordinación es el promover un cambio cultural, a través de un trabajo deconstructivo, que combata la imposibilidad del pleno ejercicio de los derechos y garantías  de ciertos sectores sociales de la población, según las propuestas contenidas en el documento titulado “HACIA UN PLAN NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACION – LA DISCRIMINACION EN ARGENTINA; DIAGNOSTICO Y PROPUESTAS” que forma parte del Decreto Nº 1086/2005.

La profundización de la democracia es tarea fundamental de los Estados, sin embargo es necesario impulsar la transformación también desde todos los lugares de la sociedad. Mediante el empoderamiento y fortalecimiento institucional impulsamos la transformación haciendo partìcipes a la mayor cantidad de actores sociales: movimientos sociales, OC´s, organizaciones populares, centro de producción de conocimientos, ámbitos sindicales y gremiales, y de todas las personas para el pleno ejercicio de los derechos ciudadanos.

La meta a alcanzar es la construcción de una sociedad en pluralidad y democracia, valorando la diversidad e incorporando el respeto a las diferencias como parte constitutiva de la modernidad, en tanto pilar básico para una sociedad no solamente más equitativa y sin discriminación de ningún tipo, sino también cooperativa, solidaria y respetuosa de la dignidad de las personas.

Por ello debemos visualizar los múltiples mecanismos que operan para el ejercicio de la discriminación, especialmente en dos muy poderosos en la esfera de la cultura. El primero es el aparato educativo y el segundo es el lenguaje.

La escuela tiene un valor simbólico y objetivo en todo proceso de cambio, pero al mismo tiempo funciona como un dispositivo de reproducción cultural del sistema social. A través de ella se internalizan no sólo los conocimientos o su ausencia, sino también, y más importante, la cosmovisión, el sistema de lealtades, de vínculos, la competencia, el autoritarismo y la existencia de jerarquías como forma cotidiana y “normal” de las relaciones sociales. O sea,  todo aquello que técnicamente se denomina curriculum oculto, en tanto que son  aquellos aprendizajes, normas, valores, ideas y creencias que sin formar parte explicita del curriculum escolar, son transmitidos por omisión o naturalización.

Es interesante aquí pensar en la noción de habitus de  Pierre Bourdieu, en tanto principios y disposiciones incorporadas que generan prácticas y representaciones, para dar cuenta de aquellos prejuicios  que (con)forman una mirada discriminatoria y estereotipante del mundo. Al ser la estructura social con sus desigualdades y jerarquías la que es incorporada y produce al sujeto, podemos pensar cómo se conforma un habitus discriminatorio si entendemos que las prácticas discriminatorias se dan en el marco de una estructura y no responden al la pura individualidad del “sujeto discriminador”. Es por ello que la posibilidad de pensar esos sentidos “normalizantes” que el curriculum no visibiliza por distintas razones, pero sobre todo por tenerlos naturalizados, y que siguen operando y produciendo modos de entender, percibir y actuar en el mundo; nos da la posibilidad de desnaturalizar las lógicas discriminatorias que producen al sujeto.

En cuanto al lenguaje o la supuesta neutralidad del lenguaje, cabe decir que este funciona como uno de los disciplinadores del pensamiento y de la conciencia, productor de las “significaciones del mundo”: es el estructurador básico de nuestras categorías de pensamiento y, por lo tanto, opera como mecanismo de reproducción y de producción simbólica e ideológica. Reproduce y refuerza la discriminación y los prejuicios en tanto construye verdades sobre las cosas de las cuales habla. Por ejemplo: la expresión “hombre público” se refiere a una persona de bien, preocupada por el bienestar de la sociedad mientras que, la expresión “mujer pública” indica a una prostituta. Dado que el rol básico de las mujeres “debe ser” el hogar y la familia, aquélla que está en lo público pertenece a esa “otra” categoría. Su transgresión es punible socialmente. Por ello, creemos imprescindible concientizar y  sensibilizar  a la sociedad en su conjunto para hacer visible y actuar sobre los mecanismos discriminatorios conscientes e inconscientes del lenguaje.